El día 12 de junio es una fecha marcada en el calendario de muchas empresas españolas, ya que entrará en vigor el nuevo Real Decreto 214/2025, por el que se crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono. Esto implica especialmente a grandes empresas con más de 500 empleados pero también a las que tienen más de 250 empleados y que cumplan ciertos umbrales financieros, así como a la Administración General del Estado, que deberán calcular y reportar su huella de carbono a partir del ejercicio 2026 para los alcances 1 y 2, y para el cálculo correspondiente a 2028 y en adelante incluirán el alcance 3.
Su interpretación generó algunas dudas iniciales entre las empresas, lo que dio lugar a que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) publicara hace unos días una nota aclaratoria sobre determinados aspectos, dando una mayor seguridad jurídica a la entrada en vigor de la norma.
“Los cambios realmente importantes se refieren a la sección de emisiones de carbono y compromisos de reducción. Hasta ahora, el registro era voluntario para todas las empresas”, explica Laura de Pedro, socia de Derecho Público y Sectores Regulados de EY Abogados.
En concreto, las obligaciones se refieren a las emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 1 y 2. Se trata de las emisiones directas de gases de efecto invernadero y las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero relacionadas con la generación de energía. El cálculo y registro de las emisiones de alcance 3, que abarcan todas las demás emisiones indirectas, sigue siendo voluntario, aunque a partir de 2028 también será obligatorio.
“Las empresas obligadas tendrán que adaptarse rápidamente, ya que las obligaciones de cálculo e información entran en vigor en 2026, haciendo referencia a sus emisiones de 2025”, añade de Pedro. En cambio, detalla, “recompensa a las empresas al incluir consideraciones ambientales en las licitaciones públicas, lo que incentivará el cumplimiento total y mayores compromisos ambientales”.
### Moeve
Para la energética, la entrada en vigor de este RD no conlleva cambios en la gestión y sistema de reporting. Asegura que la descarbonización es un compromiso en el que viene trabajando y tiene interiorizado en cada uno de los procesos, además de solicitar a entidades externas que auditen estos avances, que posteriormente hace públicos a través del Informe de Gestión Integrado, y de estar presentes de manera voluntaria en Registro Nacional de Huella de Carbono. A través Positive Motion se ha propuesto reducir un 55% las emisiones de CO2 de alcance 1 y 2 para 2030, tomando como referencia los niveles de 2019, y aspira a alcanzar emisiones netas cero antes de 2050. Para ello, apuesta por la producción de moléculas verdes: hidrógeno verde y biocombustibles de segunda generación y de productos químicos sostenibles, así como también por la movilidad eléctrica ultrarrápida.
### Nestlé
El cambio más relevante que observa la empresa, más allá de inscribirse en el registro y de la elaboración del informe con los requerimientos de la ley, es el propio cálculo de la huella de carbono ya que tanto las herramientas que usa como los factores de emisión a nivel corporativo son diferentes a los recogidos en la ley. Esto le supondrá un trabajo adicional al que ya venía realizando.
Sin embargo, como explican desde la compañía, conceptualmente no existen grandes cambios porque ya calcula la huella de carbono a nivel corporativo bajo los estándares SBTi y la publica como parte de sus cuentas anuales en los informes no financieros.
Nestlé tiene el compromiso de alcanzar la neutralidad climática en 2050. Para asegurar un seguimiento y cumplimiento progresivo, la compañía tiene como objetivos intermedios una reducción del 20% en 2025 y una reducción del 50% en 2030.
### Mutua Madrileña
Cuenta con un Sistema de Gestión de la Sostenibilidad Ambiental certificado desde 2014, a través del que se valida y difunde públicamente la cuantificación de la huella de carbono, por lo que el impacto de esta normativa, según explican desde la compañía, es reducido.
En el marco del Plan Director de Sostenibilidad 2022-2026 Mutua Madrileña publica anualmente su desempeño medioambiental y la cuantificación de su huella de alcances 1 y 2 desde 2013. Asimismo, desde 2022 son públicos sus objetivos de descarbonización.
### Iberdrola
Como explican desde la eléctrica, el Real Decreto no afecta demasiado a su operativa actual, sino que refuerza el compromiso que ya adquirió en 2022. El Plan de Acción Climática de Iberdrola establece una hoja de ruta con la aspiración de lograr las cero emisiones netas de CO2 equivalente antes de 2040.
Constituye el plan de transición de la sociedad y describe las palancas y acciones asociadas que, a su vez, contribuyen a la electrificación y reducción de emisiones del conjunto de la economía, así como los valores y herramientas para conseguirlo. Todo ello responde a la visión de un modelo energético que defiende el grupo, en armonía con la naturaleza y con las personas.
**Estas son las nuevas obligaciones**
Las grandes empresas y la Administración tendrán estas obligaciones:
– Calcular de manera anual la huella de carbono de su organización, abarcando las emisiones directas (alcance 1) y el consumo de energía (alcance 2).
– El cálculo de las emisiones indirectas (alcance 3) se mantiene voluntario hasta 2028.
– Elaborar un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que contemple, como mínimo, un objetivo cuantificado de reducción en un horizonte temporal de al menos cinco años.
– Poner a disposición del público, de forma gratuita y accesible en su portal de internet, la información correspondiente sobre la huella de carbono y el plan de reducción.
Nota originada según la Fuente: [Entra en vigor el registro huella de carbono: cómo afecta a las empresas](https://www.expansion.com/economia-sostenible/2025/06/03/683f008a468aeb03398b45ab.html)
💡 Sobre esta nota, la Opinión de El Genio Inversor
**Resumen del artículo:**
El próximo 12 de junio entrará en vigor el Real Decreto 214/2025, que obliga a grandes empresas y la Administración Pública española a calcular y reportar su huella de carbono a partir de 2026 para los alcances 1 y 2, extendiéndose al alcance 3 en 2028. Este cambio regulatorio establece nuevas exigencias sobre transparencia ambiental y compromisos de reducción de emisiones, aunque empresas como Moeve, Nestlé, Mutua Madrileña e Iberdrola ya trabajan en iniciativas de descarbonización desde hace años.
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**Perspectiva crítica:**
Lo que más llama la atención es cómo este nuevo marco regulatorio refleja un paso significativo hacia la estandarización de la gestión ambiental en España, pero también deja abiertas algunas interrogantes clave. Por ejemplo, ¿cómo se garantizará que las pequeñas y medianas empresas (PYMES) no queden excluidas de esta transición? Aunque el RD enfoca principalmente a grandes corporaciones, muchas PYMES forman parte de la cadena de suministro de estas y, por tanto, eventualmente deberán adaptarse a los requisitos del alcance 3. Además, preocupa si el Gobierno proveerá suficientes recursos o herramientas técnicas accesibles para facilitar este proceso, especialmente considerando que empresas como Nestlé han señalado desafíos relacionados con la falta de alineación entre estándares corporativos actuales y los requerimientos legales. Esta disparidad podría generar confusión e incrementar costos operativos innecesarios.
Otro aspecto a analizar profundamente es el impacto potencial de esta normativa en la competitividad empresarial. Si bien incluir criterios ambientales en licitaciones públicas fomenta prácticas sostenibles, también podría crear barreras para aquellas compañías que aún no cuentan con una infraestructura sólida para cumplir estos requisitos. Esto abre un debate interesante: ¿Es justo imponer estas exigencias sin ofrecer incentivos claros o plazos más flexibles?
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**Relación con noticias recientes:**
Este anuncio coincide con otros movimientos globales hacia economías bajas en carbono. Por ejemplo, la Unión Europea continúa avanzando en su Pacto Verde Europeo, mientras que Estados Unidos ha reforzado sus regulaciones sobre divulgación climática a través de la SEC (Securities and Exchange Commission). Estas tendencias muestran que las políticas ambientales están dejando de ser opcionales para convertirse en mandatorias, lo cual pone presión tanto a nivel local como internacional. En particular, destaca la similitud con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España, que ya introdujo objetivos ambiciosos de neutralidad climática para 2050.
No obstante, surge otra pregunta relevante: ¿Está España preparada para liderar este cambio sin perder competitividad frente a países con regulaciones menos estrictas? La respuesta dependerá en gran medida de cómo se implementen mecanismos de apoyo a las empresas durante esta transición.
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**Pregunta abierta al lector:**
¿Cree usted que las empresas españolas están verdaderamente preparadas para cumplir con estas nuevas obligaciones, o necesitarán un mayor acompañamiento gubernamental para evitar una posible sobrecarga operativa y financiera?
*El Análisis de El Genio Inversor es meramente una opinión y debe ser tomada como tal.*